La juez Coordinadora del Centro de Servicios del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tenía competencia para decretar la libertad de los dos jóvenes de la  'Primera Línea' que serán voceros de paz, declaró este miércoles el procurador delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales (E), Jairo Acosta.

En su concepto, la medida de la funcionaria fue “una decisión de escritorio” porque fue adoptada sin convocar a ningún sujeto procesal o interviniente, lo que impidió que se diera un debate en torno a la procedencia de esas libertades de acuerdo con la constitucionalidad y la legalidad.

Según Acosta, acorde con la ley expedida para este propósito, son los jueces de control de garantías a los que les corresponde ordenar la libertad de una persona que tenga una orden de captura en la fase de juicio o de investigación, y si es un condenado, esa libertad le corresponde decretarla a un juez de ejecución de penas.

Un estado de derecho –explicó- debe impedir cualquier expresión de arbitrariedad, en este caso serán las autoridades disciplinarias e incluso las penales las que determinen su efectivamente el haber decidido sin competencia supone unas consecuencias de esa naturaleza.

El martes, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anunció que radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de Santiago Márquez Charry y Adriana Bermeo, jóvenes de la llamada ‘Primera Línea’ que serán voceros de paz.

Los dos son investigados por delitos como concierto para delinquir y violencia contra servidor público, quienes recuperaron su libertad para actuar de ahora en adelante como voceros de paz asignados por el Gobierno Nacional.